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BANCOS ENTRAN AL NEGOCIO DE LAS AFP |
 Bancos y aseguradoras lograron la primera victoria en su propósito de participar en la administración de los fondos de pensiones de los cotizantes chilenos. La Cámara de Diputados aprobó (sic) por 55 votos a favor y 49 en contra, la reforma previsional presentada por el gobierno, en la que se incluía el ingreso de las entidades bancarias al rentable negocio del manejo de las platas ahorradas obligatoriamente por todos los trabajadores apatronados del país y, que a partir de esta reforma, también incluirá a quienes desarrollen actividades económicas independientes. Apenas seis votos de diferencia sirven para dirimir un asunto de tanta importancia para los fondos de jubilación de la población activa y de quienes ingresarán a futuro al mercado laboral o lleven adelante algún emprendimiento por su cuenta; claro que todavía falta conocer lo que determine el Senado. En todo caso queda demostrado, una vez más, que una simple ley, que una vez promulgada deberá ser cumplida por todos, no representa en absoluto el parecer ni el interés de la ciudadanía, pues, como se ve, ni siquiera concita un apoyo mayoritario entre los propios parlamentarios.
El objetivo que persiguiría esta iniciativa gubernamental es introducir una mayor competencia en el reducido mercado de las AFP, de las que subsisten sólo cuatro o cinco, luego de un lento pero sostenido proceso de fusiones y absorciones. Sin embargo, diversos analistas advierten que estos propósitos no se lograrán y que por el contrario los bancos, en lugar de crear nuevas administradoras, se limitarán a adquirir las ya existentes. Nosotros podemos agregar que la supuesta libre competencia, base del sistema económico vigente, hace mucho tiempo quedó desmentida por los hechos y sólo es posible verificar una extendida concertación de los actores participantes en las distintas áreas de la economía; el negocio de las AFP no ha sido ni tendría por qué ser la excepción. Aquí en este caso, una vez más, los dueños del capital (los millones de chilenos que cotizan en estas entidades privadas) no tienen derecho a voz ni voto. Madame Bachelet expresó hace ya un tiempo su intención de legislar para que todo chileno pudiere enviar un proyecto de ley al Congreso, sobre cualquier materia de interés general. Esta no es sino otra mentira, un arranque democratizador sin destino; jamás la clase política aceptará discutir y menos aprobar una iniciativa salida del seno de la comunidad nacional. Si realmente existiere el propósito de otorgar participación a la nación soberana, se haría llegar a todos los sectores proyectos tan importantes como el de Reforma Previsional, para su conocimiento y discusión, en lugar de debatirlos y aprobarlos entre cuatro paredes. (slch) |
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