 Si los mismos encargados de presentar proyectos de ley, discutirlos, hacerles modificaciones o agregados, promulgarlos cuando son aprobados, y hacer cumplir las disposiciones que en él se establecen, son quienes promueven su transgresión, entonces, en qué país estamos.
Con ocasión de la protesta a que llamó la CUT el día 29 de agosto, un parlamentario despistado con respecto a sus obligaciones, pero perfectamente ubicuo y con una capacidad increíble para estar rodeado de cámaras en el preciso instante en que mete sus narices y su chasca allí donde nada tiene que hacer, protagonizó un escándalo vergonzoso para cualquiera que no sea él mismo.
El senador en cuestión (que tal cosa sería aún), es famoso y conocido gracias a la mentalidad hoy en boga en Chile, formada en las sombras de la farándula, y que por tal razón eleva a la condición de líderes a individuos que aparte de sus constantes apariciones mediáticas no tienen nada que ofrecer a la ciudadanía; contrariamente, pervierten lo que debiera ser el papel de los políticos, incluso en esta democracia de tramoyistas. ¿Es aceptable que un insensato figurón, pagado por todos nosotros, actúe como cualquier antisocial azuzando a los vándalos contra la ineptitud ¡de él mismo! y sus colegas de la clase política? Pero hay más, este senador con pretensiones presidenciales (¡dioses, qué manera de depreciarse el sillón de O’Higgins!), fabricó un enfrentamiento con Carabineros haciéndose pasar por víctima de tal incidente. Como consecuencia de ello la institución policial anunció el inicio de un sumario interno para determinar la responsabilidad de un oficial que golpeó al político metete, con lo cual la carrera del uniformado puede verse seriamente afectada; afortunadamente algunas tomas televisivas muestran que el supuesto mártir de la causa popular había agredido previamente al policía. El parlamentario en cuestión (a quien no nombramos simplemente por no desear figure en estas páginas), evidenciando una moralidad impropia de su investidura, culpa de un delito a un policía que está cumpliendo con su deber en el lugar que le ha sido asignado por sus superiores (mientras él es sorprendido capeando sus obligaciones), cuando lo que procede es que asuma su responsabilidad por incitar al desorden masivo, sin importarle las consecuencias humanas y materiales de su reprobable conducta. El Senado debe incoar a la mayor brevedad una investigación sumaria que establezca la gravedad de los hechos en que se ha visto involucrado uno de sus miembros, aplicándose una sanción ejemplarizadora que puede, perfectamente, transformarse en un primer paso en la impostergable tarea de espulgar la actividad política de elementos que no poseen el nivel requerido para desempeñarse en ese ambiente que, aunque pobrísimo, tiene la obligación de mantener al menos una apariencia de respetabilidad. No es posible seguir permitiendo que funcionarios del Estado, pagados por la comunidad nacional, colmen nuestra paciencia con su seguidilla de estúpidas payasadas. (slch) |
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